Un testigo ratifica que Segura cobraba del Govern mientras se dedicaba a captar votos para el PP

PALMA DE MALLORCA, 9 Dic. –

Un testigo que ha comparecido en las pesquisas que restaban por juzgar del denominado caso Mapau, que estalló en 1999 en torno a la supuesta captación anormal de votos en Sudamérica a ayuda del PP, ha aseverado que la presunta factor electoral del roto Maria de la Pau Segura, pese a estar contratada en el Instituto Balear de crecimiento Industrial (IBDI), se dedicaba a conseguir sufragios de emigrantes mallorquines para las elecciones autonómicas de ese año.

Así lo ha sitio de evidencia el exdirector del zona de promoción comercial del IBDI Jaume Payeras, quien ha relatado que Segura no trabajaba “físicamente” para la organismo pública ya que “simulaba que trabajaba para el IBDI pero hacía otras funciones. Tengo mis sospechas de que trabajaba para Presidencia del Govern”, ha aseverado el testigo.

En este significado, Payeras ha apuntado tener “una noción suficiente clara” de la tarea a la que se dedicaba Segura, refiriéndose más en determinado a la captación de sufragios en Argentina. El testigo ha afirmado que “las directrices políticas importantes venían siempre de instancias superiores”, aludiendo más en determinado al conseller del zona y a la Presidencia, que entonces estaba en manos de Jaume Matas.

En determinado, estas pesquisas se enmarcan en la primera motivo de corrupción que salpicó, en 1999, al expresidente autonómico quien, por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), no fue finalmente imputado. La motivo total, que fue archivada, investigaba una trama de captación de sufragios en Sudamérica en ayuda de los ‘populares’ para los comicios de 1999.

Fue la constituida como ‘Sala de la discordia’ del TSJIB la que debía deliberar en 2005 sobre la imputación de Matas -investigado en la actualidad en el marco del caso Palma Arena- y de la entonces consellera de Presidencia del Govern Rosa Estaràs en el marco del caso Mapau. Fueron la mayoría de los componentes de la estancia, entre ellos el contemporáneo presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Antoni Terrasa, quienes votaron en contra del encausamiento de ambos aforados.

La motivo, incoada el 10 de junio de 1999, indagaba cómo numerosos descendientes de inmigrantes de Baleares que residían en Argentina fueron inscritos en el censo de Formentera, zona clave en los comicios de 1999 para decantar el color del gobierno autonómico, mientras que se habrían pagado con fondos públicos viajes a Sudamérica que, con el meta aparente de dinamizar las Casas Regionales radicadas en el afuera, se habrían destinado a la búsqueda de sufragios en lucro del PP.

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